Se trata de una demanda por daños y perjuiciosSon siete ahorristas que quieren que les devuelvan su dinero por incumplimientos contractuales. El barrio abierto está dentro de los observados por irregularidades en el polémico dictamen de arquitectos y agrimensores
Fuente: punto biz
Un grupo de inversores llevó hasta la justicia la relación comercial que tuvieron con miras a vincularse con uno de los loteos de Funes. Se trata de cinco personas que, patrocinadas por el abogado Carlos Martínez, iniciaron el 12 de marzo una demanda ordinaria de cumplimiento de contrato, cobro en dólares e indemnización de daños y perjuicios contra el escribano Diego Fernando García, según consta en el expediente 217/10 que fue ingresado en el juzgado civil y comercial Nº 1 en manos del juez Jorge Scavone.
Según explicó a punto biz Martínez, sus representados suscriben entre junio y julio de 2009 un contrato de depósito por el cual le entregan a García aproximadamente u$s158.000 con el objeto de constituirse como fiduciantes en un proyecto de inversión -mediante la forma de un fideicomiso- cuyo objeto resultaría la adquisición del dominio fiduciario de una fracción de terreno de más de 99,00 hectáreas, ubicada en la zona rural de Funes.
“Este dinero había sido entregado en concepto de depósito hasta que se evaluara en definitiva el otorgamiento del contrato de fideicomiso, es decir se viera con quién se iba a contratar –demás fiduciantes y fiduciario- qué proyecto u objeto se iba a llevar a cabo, qué inversiones serían necesarias para su logro, etcétera, pero en el medio sin darse participación alguna a mis defendidos se otorgó el fideicomiso, se formó el Grupo Lands S.A siendo ésta fiduciaria en el fideicomiso con objeto emprendimiento Funes Town, cosa muy diferente a lo que se había establecido con el escribano García”, expresó el letrado.
“El escribano promocionó el fideicomiso de una manera y, por la confianza que les inspiraba su calidad de Notario, decidieron hacerle entregas en depósito, pero condicionado en definitiva la participación de los mismos como fiduciantes originarios. Pero después apareció Grupo Lands S.A., una sociedad que otorga el contrato de fideicomiso como fiduciaria, que es en la figura del fideicomiso quien administra e invierte los fondos que les transmiten los fiduciantes. Esta sociedad, según consta en su acta constitutiva se formó después de que García recibió los depósitos, y con un capital de $80.000, que resulta mínimo e inadecuado si se quiere razonablemente evaluar una solvencia adecuada en el marco de la responsabilidad que le corresponde en la administración de los importantes fondos necesarios para semejante emprendimiento”, agregó Martínez.
El letrado además sumó: “La garantía de mis defendidos sobre la integridad y buen destino de sus fondos, la constituía en el caso su calidad de fiduciantes originarios, parte y otorgantes del fideicomiso, dado que de ese modo, en la etapa de evaluación de su otorgamiento, tomarían en cuenta con quién contratarían, quién sería la administradora de sus fondos y cuál sería el objeto del fideicomiso, sus características, modo de llevarlo a cabo, tiempo, entre otras cosas, en definitiva si el mismo era factible”.
“De conformidad a lo acordado con el escribano García el día 1º de diciembre de 2009 debía hacerse entrega de otras sumas, pero esto se condicionó a la firma del contrato de fideicomiso, que no es lo mismo que firmar un contrato de adhesión. No habiéndose dado esta condición –esencial y tenida en cuenta por los contratantes- y habiéndose tornado la misma de cumplimiento imposible cuando el fideicomiso ya se había otorgado sin la participación de mis representados, a los mismos no les quedó más que exigir el cumplimiento del contrato suscripto con García”, abundó Martínez.
Tras varios contactos personales, seguidos de cartas documento, deciden iniciar la acción legal reclamando el reintegro de los u$s 158.000 más lo ocasionado por daños y perjuicios.
Según informe del Registro Público de Comercio de Rosario, Grupo Lands S.A. fue inscripta en fecha 15-12-2009, y tiene como socios fundadores a Alejandro Gilli, quien ingresó a las sociedad anónima con 750 acciones de $100 y es el socio mayoritario, y a Juan Ignacio Borghi quien ingresó a la sociedad con 50 acciones de $100.
Según informó Martínez a punto biz, el paso siguiente es correr traslado de la demanda con el objeto que el demandado (García) la conteste. Además informó, que conforme la legislación vigente, se informó de la promoción de esa acción al Colegio de Escribanos.
Vale la pena recordar que el loteo Funes Town fue denunciado por los colegios de Arquitectos y Agrimensores por incumplir con normativas vigentes. Entre las irregularidades que ambas instituciones encontraron está el hecho de que el loteo se zonificó como zona ALR3, denominación que habilita lotes de 500 metros cuadrados, mientras que la ordenanza 259 zonificaba al lugar como AR5, con lotes de 5000 metros cuadrados. Por ese cambio de zona se obliga al propietario sólo a pavimentar una calle y cumplimentar un proyecto de paso nivel, mientras que como beneficio el empresario puede multiplicar la cantidad de lotes.
"El hecho más impactante que tiene este emprendimiento es que apenas sancionada la Ordenanza, sin tener todavía la propiedad del inmueble el emprendedor comienza a comercializar la venta de lotes. Lo que se hace aquí en realidad es firmar la incorporación a un fideicomiso, aunque no se publicite de esta manera sino como la venta de lotes. El adquiriente pasa a ser un inversor con todas las consecuencias jurídicas que ello representa", narra el informe. Y agrega que como no cuenta con el servicio de aguas, el ministerio que autoriza la instalación podría demandar una inversión irrealizable para autorizar la instalación.
