Funes.— Fue detenida una mujer que recorría habitualmente los pasillos de los Tribunales de Rosario y de San Lorenzo oficiando como abogada de clientes en demandas civiles y comerciales. Pero no sólo ejercía la profesión en forma privada. También supuesta abogada ocupó dos cargos públicos en el ámbito de la provincia.Fuentes policiales y judiciales le adjudican haberse desempeñado como jueza municipal de faltas en Capitán Bermúdez en el período 2000-2001. Y haber sido, hasta fines del año pasado, ejecutora fiscal de la Municipalidad de Funes.
Insólito. En septiembre de 2009 ya la separaron del cargo por no presentar el título habilitante de abogada. "En realidad presentó un certificado trucho de finalización de los estudios de la Universidad Nacional del Litoral", coincidieron fuentes policiales y judiciales.
Daniela Patricia Arce, de 41 años, fue detenida la tarde del miércoles por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en una casa de Independencia al 700, en Funes. Los uniformados allanaron su domicilio por orden de la jueza de Instrucción Nº 1 de Rosario Roxana Bernardelli con una acusación concreta: falsificación de instrumento público, usurpación de título y estafas reiteradas. Gracias a esta magistrada se concretó una detención requerida hacía tiempo.
Colegio de Abogados. Bernardelli ordenó la medida luego de que, la semana pasada, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, realizara una presentación en su Juzgado para denunciar la presunta actividad ilícita de la abogada. Una fuente judicial señaló a este diario que, en forma preliminar, la mujer apresada habría perpetrado unas 300 estafas, aunque hasta anoche no había trascendido si los damnificados por las maniobras delictivas habían denunciado los ilícitos.
En el operativo, según dijo un pesquisa, los policías encontraron sellos a nombre de Daniela A. y de una escribana, cuya identidad no trascendió. También hallaron tarjetas personales, una credencial de su matriculación en el Colegio de Abogados de la 1ª Circunscripción de la ciudad de Santa Fe, un título de abogado "apócrifo" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y unos 20 expedientes judiciales por casos civiles y comerciales, que van desde un reclamo por cobro de pesos hasta una demanda por alimentos. Al parecer, en los Tribunales rosarinos, la abogada también dejó su huella en una demanda por una sucesión de bienes.
Un vocero judicial recordó el paso de la mujer por los Tribunales de San Lorenzo. Allí era común verla litigando en pleitos del fuero civil y comercial. En realidad, la letrada trabajaba en un estudio jurídico con dos abogados en Capital Bermúdez y, al parecer, los escritos los firmaban los otros dos profesionales, que, en rigor, sí ostentan el título habilitante.
Denuncia. La situación anómala comenzó a ventilarse cuando una mujer de esa ciudad denunció en el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo —a cargo de Eduardo Filocco— que había contratado a Daniela A. para que iniciara una demanda por daños y perjuicios contra una vecina, pero la profesional no había concretado el trámite. "En realidad, la denunciante se sentía agravada por una vecina que la había acusado de un robo", explicó el portavoz judicial.
Ante la presunción de que la mujer no ejerciera en forma legal la profesión, el Tribunal sanlorencino ordenó que se cruzaran los datos informáticos y no saltó que fuera abogada. Ante ello, fue demandada para que acreditara su condición de abogada y, al parecer, exhibió un certificado trucho. Ante la presunción de la existencia de un delito, el juez Filocco la citó a mediados del año pasado para que prestara declaración, pero la epidemia de gripe A, en el invierno pasado, obligó al magistrado a postergar la audiencia. La convocó nuevamente en febrero pasado, pero Daniela Arce no se presentó. Además, en ese tiempo, el juez interviniente intentó localizar a la mujer en dos domicilios de Funes, pero no la encontró. Entonces, el magistrado decidió declararla en rebeldía y ordenó su captura.
Otras presentaciones. El 5 de abril pasado, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Funes, Verónica Rippa, realizó una presentación en el juzgado de Filocco para que se investigara la situación anómala de la ex ejecutora fiscal de ese municipio, con una copia de las actuaciones administrativas que derivaron en la separación del cargo de Daniela A, pero en rigor la competencia judicial corresponde a los Tribunales rosarinos.
La resonancia pública del caso motivó que el Colegio de Abogados tomara intervención en el asunto. La semana pasada, Del Vecchio se presentó en el juzgado de la jueza Bernardelli para denunciar las actividades ilícitas de la abogada.
Allanamientos. La denuncia provocó que la magistrada ordenara la detención de la mujer. También libró un exhorto a su colega sanlorencino para que dictara la orden de allanamiento de dos domicilios de Capitán Bermúdez, donde funcionarían dos estudios jurídicos.
La medida se concretó ayer a la tarde, pero, al parecer, arrojó un resultado negativo.
La punta del iceberg de la investigación
La edila radical funense Mónica Tomei fue quien, a principios de marzo pasado, pidió informes al Ejecutivo local sobre la actuación, durante el período 2007 al 2009, de una ejecutora fiscal que habría actuado "sin poseer el correspondiente título universitario de abogada, una condición necesaria para poder ejercer esa responsabilidad", tal como consignó la información publicada por LaCapital el sábado 6 de marzo.
Ante el pedido de Tomei, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Funes, Verónica Rippa, aseguró que, oportunamente, la situación había sido investigada y que la ejecutora había sido separada por no presentar su título de abogada cuando se le solicitó".
Tomei había atribuido, al momento de su pedido, "al menos, negligencia" al Ejecutivo funense y en defensa de este Rippa le informó que "la situación que ahora (por el mes de marzo) con tanto énfasis se denuncia se investigó con transparencia y objetividad hace seis meses".
No presentó el título. Al recapitular sobre estos hechos, habida cuenta de la detención de Daniela Patricia Arce, cabe citar lo dicho por Rippa cuando al defender el accionar del Ejecutivo funense señaló que "luego de cuatro reuniones en la que se le exigió el título habilitante, la requerida acompañó entre otros elementos una orden judicial vedando el acceso a sus datos personales, matrícula de abogada de Santa Fe, certificado de inscripción ante el Colegio de Abogados de Santa Fe y certificado de finalización de los estudios de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, pero no presentó el título de abogada", por lo que se resolvió entonces revocarle en mandato otorgado.
Rippa tranquilizó entonces a los contribuyentes que habían tenido trato con la falsa ejecutora fiscal al señalar: "Es importante dejar en claro que los convenios celebrados por los contribuyentes por intermedio de la actuación de esta persona gozan de plena vigencia, como también los pagos efectuados para el cumplimiento de los mismos".
A disposición
La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Funes anunció ayer que "puso a disposición de la jueza de Instrucción Roxana Bernardelli una copia certificada de las actuaciones administrativas realizadas a raíz de la denuncia del Colegio de Abogados de Rosario que involucra a Daniela Arce, ex ejecutora fiscal de ese municipio".
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