El miércoles pasado, el Concejo de Funes suspendió hasta el 30 de abril la ordenanza 621/12 que regula las fumigaciones y fija un área de exclusión de 500 metros.
Por Delcia Karamoschon
Diario La Capital
La puesta en espera de la normativa fue a pedido del Ejecutivo y se hizo mediante la ordenanza 918/14 que sólo tuvo el voto en contra del edil justicialista Mauro Miguez. En diálogo con La Capital, Miguez puso en duda los argumentos presentados para frisar la norma hasta tres meses y medio.
Y fue más allá, al señalar sus sospechas de un posible acuerdo con el arrendatario de tierras del campo La Polola, donde se quiere hacer un megaemprendimiento urbanístico y que hoy está sembrado con soja.
El edil denunció que el Ejecutivo "nunca difundió y reglamentó la norma y a cambio propuso poner en stand by la ordenanza, cuestión que calificó como "inadmisible, porque se trata de legislación que regula la protección de la salud de la población y la sustentabilidad de la vida urbana".
Además, dudo de los argumentos presentados y consideró que "el pedido obedece al requerimiento de un arrendatario rural que solicitó la no aplicación de la norma hasta que cierre este ciclo de cosecha, alegando que la sanción de la norma le fue comunicada al dueño del campo, pero no a él".
En ese rumbo, intuyó que el productor "tiene que hacer otra fumigación pronto, si es que ya no la hizo en estos días porque estaba muy apurado y lo expresó ante el Concejo diciendo que si no lo hacía, se le iba a producir un perjuicio económico muy grande".
Además, el edil consideró que las dudas del Ejecutivo sobre como reglamentar la ordenanza "parecen no tener sentido ya que cuenta con un ingeniero agrónomo de amplia trayectoria profesional que está a cargo del área que se ocupa de fumigaciones, control de vectores, parques y paseos".
Miguez comentó que para aprobar la norma —presentada por el edil Eduardo Casím— "consultamos a profesionales y también un informe de la provincia de Córdoba sobre ciudades fumigadas donde médicos analizan los impactos en espacios urbanos".
Opinó que "desde lo jurídico es muy cuestionable la suspensión de una ley porque lo lógico es que si se está en desacuerdo, se la derogue o se reemplace por otra".
Un año. El 29 de octubre de 2013 se cumplió un año de la promulgación de la ordenanza recientemente suspendida. A partir de esa fecha, entró en vigencia su norma pero nunca fue reglamentada.
La norma fija disposiciones en cuanto a la aplicación en el distrito Funes de productos fitosanitarios de clase toxicológica C y D mediante fumigaciones aéreas y terrestres. En el pedido elevado al Concejo para su suspensión, el Ejecutivo detalló que dispuso pedir asesoramiento a distintos organismos "para aplicar adecuadamente la ordenanza y adoptar criterios que han de observarse para la concesión de las autorizaciones de fumigaciones u otras tareas con dichos producto".
Y agregó que esa información fue requerida a los Ministerios de la Producción y de Aguas, Servicios Públicos y de Medio Ambiente provincial, a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, al Inta y al Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados.
El Ejecutivo consideró que se hace necesario posponer la aplicación de la norma porque "el procedimiento a efectuar por las entidades consultadas requiere de un tiempo que excedió la fecha en la cual entró en vigencia".
"En la zona 8, hace un par de años y antes de que se hiciera el emprendimiento urbanístico Don Mateo, hubo problemas de salud en la población. Funes es una ciudad ciento por ciento residencial, es imposible que no haya un centro poblado a 100 metros de una fumigación. A esa distancia del campo La Polola, está la calle General López, con urbanizaciones de la zona 5", abundó Miguez.
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