Engordar el chanchito para tener más aguante
Cómo se las arreglan el campo y el Gobierno para sostener un conflicto de 83 días. Los ruralistas llenan la caja cada vez que hay tregua: cosecharon toda la soja y la venden afuera. La fortaleza del Gobierno es la recaudación.
A punto de cumplirse tres meses de conflicto entre el Gobierno y el campo, ambas partes demostraron tener espalda económica y financiera para sostener la pelea. Para los ruralistas fue clave que, a pesar de anunciar el lock out, trabajaran tranqueras adentro. Pudieron recolectar el 96% de la cosecha de soja y eso les permitió aprovechar cada tregua en el conflicto. Durante las épocas de “ventana” vendieron todo lo que pudieron.
La protesta también se hizo llevadera para los denominados “rentistas”, que cobraron los alquileres de sus campos con anticipación a la cosecha. El hecho de contar con la aprobación de los bancos para mantener sus cuentas en descubierto o poseer ahorros ayudó a otros ruralistas.
Desde el Gobierno, la robustez también es visible. Hoy, la AFIP informará que la recaudación impositiva, de unos $25.000 millones en mayo, continúa en ascenso a pesar del paro. El Banco Central, además, demostró que puede contener una corrida financiera e, incluso, forzar una baja del dólar. Ambos bandos, Casa Rosada y campo, aseguran que tienen fortalezas para seguir la pelea.
El lock out agropecuario se sintió de la ruta para afuera. Tranqueras adentro, la tierra se trilló y cosechó mientras duró la protesta. Sobre una cosecha récord de 48 millones de toneladas de soja, ya se levantó el 96 por ciento. De ese total, unas 6 millones de toneladas se exportaron. El resto está guardado en silos de metal o silos bolsa, los acopios de plástico que parecen gusanos gigantes.
Los ruralistas aprovecharon cada “ventana” que se abrió durante el conflicto. Esos períodos en los cuales no hubo medidas de protesta fueron aprovechados para concretar ventas. En la última tregua fueron récord los ingresos de animales en el mercado de Liniers. Y los camiones cargados de cereales formaron filas de hasta 25 kilómetros frente a los puertos, como el de Rosario, para descargar la mercadería y ponerlas a resguardo del lock out.
Según el analista agropecuario Alejandro Ramírez, en condiciones óptimas, el grano puede aguantar dentro de los silos bolsa hasta dos años. Con esta modalidad de almacenaje, los productores podrían continuar con la protesta sin perder la producción. Pero no todos los ruralistas son iguales. Más bien, son muy diferentes entre sí. Algunos están en mejores condiciones que otros para continuar la protesta. A continuación, un relevamiento del mosaico campestre.
RENTISTAS. Son los que están mejor preparados para aguantar. Son aquellos que alquilaron sus tierras a los pools de siembra y se desentendieron de la producción, ya que cobraron su renta por adelantado. Tienen resto económico para seguir hasta la próxima cosecha. Se calcula que los rentistas cobrarán alrededor de 5.500 milllones de dólares por la campaña sojera. Los empresarios tienen espaldas para seguir el conflicto porque saben que en algún momento se encontrarán con esa fortuna. Entre 50 y 55% de la producción en la pampa húmeda se realiza en superficie alquilada. Los dueños cobraron por adelantado el alquiler, que en las mejores zonas llegó, como lo miden los chacareros, a 20 quintales (2 toneladas) de soja por hectárea. Unos 600 dólares. El dueño de 100 hectáreas en esa zona núcleo se llevó unos u$s60.000 sin salir de su casa.
Un ejemplo fue la familia Lopetegui, de Tres Arroyos, que recibió u$s 300.000 al inicio de la temporada. Sumas como ésa sólo se pagan por alquileres en localidades como Pergamino, Baradero, Salto, General Villegas y Carlos Casares. En áreas productoras mixtas, en las que se siembra y además se cría ganado, como Suipacha o Balcarce, las rentas son ligeramente más bajas: 15 quintales de soja (u$s450) por hectárea al año. Agustín Barbero, vecino de Suipacha, Buenos Aires, administra un emprendimiento familiar de cuatro campos para tambo y cría de ganado. Se los quiere alquilar a pools de siembra. “Los contratos de tierras se cierran con un año de anticipación y se pagan por adelantado. En los últimos meses no hubo interesados por culpa del conflicto”, contó.
TERRATENIENTES. Son dueños de sus campos y los trabajan. Elsa Martínez, productora sojera en González Chávez, contó a Crítica de la Argentina cómo hace para seguir la protesta. Aprovechó uno de los momentos de tregua para vender parte de su producción a Cargill, “para tener liquidez”, según relató. “También usé parte de mis ahorros para agroquímicos. De lo contrario, no podría sembrar trigo”.
Mauricio Bagliani, productor ganadero y agricultor de La Pampa, dijo que recurrió a sus ahorros para plegarse a la protesta. Como sus vacas y los cereales los tiene retenidos en su campo, le falta liquidez. Por eso fue al Banco de la Pampa a pedir un adelanto, habida cuenta de que en algún momento tendrá ingresos por su producción.
ARRENDATARIOS. A diferencia de los rentistas, cobran al final por la venta de la producción. Se quedan con el margen descontados los fertilizantes, tractores y demás gastos, que se llevan otros 10 quintales. Según la campaña, sobran unos 5 quintales, que al precio neto de retenciones son poco más de 100 dólares por hectárea. En términos urbanos, equivalen a unos $2.600 por mes. Si no pudo vender algo de la producción durante las treguas, es probable que el arrendatario esté endeudado y contra las cuerdas. En las zonas núcleo de producción tambera, como Córdoba, Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, se alquilan campos por temporada. Un productor paga al año $1.500 por hectárea. Los arrendatarios son mayoría entre los ganaderos. Para cumplir con la medida de fuerza, muchos de ellos sacaron la siguiente cuenta: para pagar el alquiler del campo necesitaron $4.400 en el trimestre de lock out por 100 hectáreas en Entre Ríos. Con el envío de apenas tres vacas cubrió el costo del alquiler. En realidad, el negocio vacuno no es tan lineal: una vaca tarda tres años en engordar.
APARCEROS. Corren el mismo riesgo que los arrendatarios, pero lo comparten con el dueño del campo porque se asocian con él. Los ruralistas y el Gobierno, cada uno desde sus trincheras, se preparan para continuar la pelea. Dicen que tienen aguante.
HISTORIAS DEL AGUANTE
Jimena Moderel, con campos cerca de Las Flores, le pidió u$s10.000 a su hermano Jerónimo para pagarle a la concesionaria que le vendió un tractor. “Le hice una transferencia para que pudiera cancelar la última cuota de una máquina de u$s50.000 que adquirió el año pasado.
Tomás Aramendi, vecino de Venado Tuerto, fue uno de los que ya liquidó parte de su producción. Jura que fue para pagar salarios e impuestos. Y que reza para que los proveedores esperen a que el conflicto cese antes de que lleguen a cobrarle.
Un productor contó que logró un financiamiento del Nuevo Banco Bisel luego de que llevó al gerente de visita a su campo y éste pudo comprobar que sus silos estaban repletos de soja.
UNA INVESTIGACION OFICIAL DETECTO MONOTRIBUTISTAS AGROPECUARIOS QUE FACTURAN MILLONES
A la AFIP le quisieron vender un buzón
La Oncca detectó la existencia de un mercado negro de “cartas de porte”, es decir, documentos que acreditan los movimientos de cereales.Se sospecha que equivale a la comercialización de 9 millones de toneladas de granos no declaradas.
Por Daniel Miguez
Página 12
Las modificaciones a las retenciones móviles anunciadas el jueves pasado incluyeron la incorporación de los monotributistas agropecuarios como beneficiarios de los reintegros para pequeños productores. A partir de esta medida, el Gobierno agudizó la mirada sobre estos pequeños contribuyentes.
Según pudo averiguar PáginaI12, funcionarios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que dirige Ricardo Echegaray, empezaron a analizar el mecanismo de un trámite que se supone de rutina y como alquimistas del entrecruzamiento de datos lograron cantar “eureka”: detectaron serias irregularidades en la emisión de certificados de comercialización y transporte de granos: gran cantidad de monotributistas cargaron camiones por cifras astronómicas, que superan largamente los 144.000 pesos anuales, que es el tope de facturación para esos contribuyentes.
El caso emblemático es el de un productor que certificó, en siete meses, la movilización de 21.094 camiones de cereales. Esto equivale a transportar unas 630.000 toneladas e ingresos varias veces millonarios.
También descubrieron un mercado paralelo de venta de los certificados conocidos como “cartas de porte”. Las cartas de porte son los certificados en los que quedan asentados los movimientos de cereales en todo su camino desde la cosecha hasta la comercialización. Es decir, cuando el productor envía granos al acopiador debe completar el certificado estipulando cuántos camiones repletos de cereales envió a los silos. Y cuando el acopiador los envía al puerto nuevamente debe llenar ese certificado.
En la pesquisa de la Oncaa sobre las cartas se encontraron dos graves irregularidades recurrentes. Una, que gran cantidad de monotributistas cargaron camiones por cifras muy superiores a los 144.000 pesos anuales que es el tope de facturación para esos contribuyentes (por encima de esa cifra tienen que inscribirse y pagar como aporte al fisco el 21 por ciento de su facturación por IVA). En el caso de los monotributistas que ganan fortunas hallaron un caso emblemático, que hasta el viernes no había sido superado por ningún competidor.
Un productor agrícola de Oncativo, provincia de Córdoba, inscripto en la AFIP como monotributista categoría T3, en siete meses (de agosto de 2007 a marzo de 2008) compró 21.094 cartas de porte, es decir que adquirió esa cantidad de formularios para certificar la movilización de 21.094 camiones cargados de cereales. Esto equivale a transportar unas 630.000 toneladas, lo que implica una facturación varias veces millonaria aunque se trate del cereal más barato, lejísimo de los 144.000 pesos que como máximo podría facturar. El Area de Fiscalización de Granos de la Oncca está averiguando la superficie cultivada por este productor y si esos campos son propios o arrendados. Lo mismo está haciendo con cientos de casos testigo de monotributistas que compraron cartas de porte para cargas cuya comercialización superaran en mucho lo que declaran como ingresos.
La otra “perla negra” que descubrió el Gobierno es un mercado paralelo de venta de cartas de porte que equivale a la comercialización de 9 millones de toneladas de granos no declaradas. Al comprar el formulario en el mercado negro, se evita su registro en la Oncaa.
Esta irregularidad podría derivar en que el Estado les quite a la Federación Agraria y a la Federación de Acopiadores de Cereales la potestad de imprimir y vender las cartas de porte, ya que esa tarea se había delegado en estas dos entidades. Si eso sucediera, ambas dejarían de percibir unos 12 millones de pesos anuales, que según el Gobierno es lo que facturan con la venta en blanco de estos certificados.La extinta Junta Nacional de Granos había creado tres formularios para documentar la comercialización de granos y las cartas de porte, para el transporte de esos granos.
Cuando en 1991 el gobierno de Carlos Menem disolvió la Junta Nacional de Granos por un tiempo todo quedó fuera de cualquier control. Pero al año siguiente el Estado delegó en la Federación Agraria y en la Federación de Acopiadores la emisión y distribución de las cartas de porte, y en 1997, le extendieron ese beneficio a los certificados de comercialización. Un modo de autocontrol.
Actualmente, según fuentes de la Oncca, entre las dos entidades venden 4 millones de certificados por año con rentabilidad de tres pesos por cada uno, lo que entre las dos obtendrían una ganancia de un millón de pesos por mes.
Pero al margen de la venta declarada de certificados, en la Oncca aseguran que en el mercado negro se venden unos 300 mil formularios por año, lo que equivale aproximadamente a 9 millones de toneladas de granos no declarados. Como el monopolio de estos formularios los tienen la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores, en la Oncca quieren saber si hay un fraude desde adentro o si las dos entidades también son víctimas de la venta ilegal de sus certificados. Los formularios oficialmente se venden a 5 pesos (3 van para las dos entidades y dos para el Estado), pero según el Gobierno en el mercado negro se venden entre 60 y 90 pesos. Pagan 10 o 20 veces más el certificado, pero evitan que ambas entidades lo declaren al Estado.
La venta de certificados en negro generaría un negocio de 30 millones de pesos al año que alguien se queda.En la Oncca sospechan también de la existencia de dos maniobras en la venta de formularios. Una hipótesis es que un operador agropecuario puede comprar una cantidad grande, pero no todas se registran a su nombre. La otra, es que el que las vende declara haber vendido menos.Ante este cuadro de situación el Gobierno está evaluando que la impresión de los certificados y su distribución se centralicen en un ente creado con ese sólo objetivo y que además ese ente realice los controles sobre los productores como requisito previo a la entrega del formulario.
Si se adopta esa medida, se crearía un nuevo frente de tormenta con la Federación Agraria y con la Federación de Acopiadores de Granos, ya que les quitarían la habilitación para ser ellas quienes hagan esa operatoria.La investigación de la Oncca se encuadra en la campaña que, a partir del conflicto con las entidades agropecuarias, emprendió el Gobierno con el propósito de profundizar los controles de la evasión impositiva y el trabajo en negro en el sector rural.
