Esclavos con marca

Los testimonios de una pareja de bolivianos que trabajaban desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche por 700 pesos al mes impulsaron la causa que tramita en el Juzgado 10. Las explicaciones de la empresa.

“Trabajábamos de siete de la mañana a diez de la noche y nos pagaban 700 pesos por mes. Dormíamos en un depósito de dos por dos con otras dos mujeres en camas marineras. La patrona nos trataba mal, no nos dejaba ir al baño y en una oportunidad me tuve que hacer encima (...) Nos daban de comer ahí mismo en el taller, desayunábamos un té con un pedazo de pan, almorzábamos un guiso de arroz o fideos con agua de la canilla. No nos dejaban salir porque decían que nos podía ver la gente.”, contó Concepción, ciudadana boliviana empleada de un taller textil ubicado en la calle Crisóstomo Álvarez 3914 de la ciudad de Buenos Aires, donde se confeccionaban prendas para la marca Kosiuko y cumplian labores otros tres hombres y cuatro mujeres en condiciones de esclavitud. Su testimonio forma parte de la denuncia penal presentada por la Defensoría del Pueblo porteña y la fundación La Alameda contra la firma Kosiuko por violación a la Ley de Migraciones, a la Ley de Trabajo a Domicilio y tráfico de personas.

En el escrito –que tramita en el Juzgado 10 a cargo del doctor Julián Ercolini– se incluye el testimonio del cura Mario Videla, miembro de la Comisión Pastoral de Migraciones del Episcopado, y del rabino Damián Karo, de la Fundación Judaica, quienes participaron del frustrado intento de monitoreo que esta empresa intentó promover para descartar cualquier posibilidad de trabajo en condiciones de servidumbre, con la auditoría de organizaciones sociales.

Para el juez Ercolini el tema no es novedoso: desde septiembre de 2006 investiga a esta firma a raíz de una denuncia realizada por el gobierno de la ciudad por la presunta infracción de “obstrucción de inspección”. “Cosíamos para la firma Kosiuko por las etiquetas que nos hacían pegar y porque la persona que retiraba las prendas –Andrea Miyawawa– dijo que trabajaba para esa firma”, aseguró la denunciante que desarrollaba tareas en un taller perteneciente a la firma Kowseff S.A.

Según la Defensoría, allí “no se cumplen con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, ni con las obligaciones de registración de los operarios, de las mercaderías y del pago de los salarios establecidos por convenio”.

En la denuncia se sostiene que “tanto el tallerista como el fabricante promovieron el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo y facilitaron su permanencia ilegal mediante su ocultación con el mismo propósito en sus establecimientos”.

Y agrega: “Esta conducta habría tenido por víctimas a personas menores de dieciocho años, quienes habrían sido obligadas a someterse a un sistema de intimidación, encierro y clandestinidad en perjuicio de su salud física y mental, de su educación y socialización”.

Qué dice la empresa

En un comunicado enviado a esta redacción, Kowzef S.A. negó terminantemente “cualquier participación en la contratación de trabajo esclavo”. La firma aseguró “no tener relación alguna con el taller que contrató a los trabajadores bolivianos que denuncian haber sido empleados en condiciones de servidumbre”. En tal sentido, la firma recordó que “fuimos los que propusimos la creación de la Mesa de Trabajo con dirigentes y representantes legales de La Alameda, con el objetivo de promover el saneamiento de la cadena productiva textil”. La empresa admite que “rompió recientemente su relación comercial con la Sra. Andrea Miyagawa S.A., apenas tuvo conocimiento de que parte de su producción estaba siendo tercerizada”.