Mientras en Funes las autoridades duermen la siesta y los campos nos siguen fumigando a mansalva, en nuestras narices y la vista de todos, tal como documentaron Morena y Lisandro en material enviado al blog, en algunas localidades de nuestra provincia se toman las cosas en serio y le ponen límites a este flagelo para los vecinos.
Por Luis Emilio Blanco
Diario La Capital
Diario La Capital
San Jorge.— Un juez ordenó la suspensión inmediata de tareas de fumigación en campos aledaños a la zona urbana de esta ciudad del departamento San Martín, ante la presentación de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos damnificados y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe, bajo el patrocinio de la abogada ambientalista Gabriela Ferrer. Es la primera vez que se adopta una medida judicial de estas características en el territorio provincial y la cuarta a nivel nacional. Hubo casos anteriores en Córdoba, Formosa y Buenos Aires.
El recurso presentado en la tarde del lunes último tiene la finalidad de evitar que los vecinos que viven en cercanías del límite urbano norte con la zona rural (barrio Urquiza), sufran las graves consecuencias de la aspersión de agroquímicos que se realizan sobre los sembrados de soja aledaños a sus viviendas. Tendrá validez hasta tanto el municipio y el Concejo aprueben una norma que delimite la línea agronómica. La medida cautelar presentada en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, a cargo de Tristán Régulo Martínez, rige contra la labor desarrollada por dos propietarios de campos sojeros y se notificó además a contratistas, fumigadores, al municipio y al Ministerio de Salud provincial.
El fin inmediato es lograr el cese de la aplicación de fitosanitarios que según la evidencia científica aportada por los vecinos "tienen consecuencias severas para la salud de sus hijos".
El recurso fija un límite de 800 metros desde la zona urbana, en los que prohíbe todo tipo de aplicación de agroquímicos por métodos terrestres y de 1.500 metros para aspersiones aéreas.
En 2007 y ante una presentación del Cepronat, la Defensoría del Pueblo de la provincia, mediante la resolución Nº 55 y ante el avance incontenible de la frontera agropecuaria, aconsejó al gobernador y a la Dirección de Sanidad Vegetal delimitar —con urgencia— la línea agronómica prevista por ley en todas las localidades de la provincia. Demora. Esta situación se demoró pese al tiempo transcurrido e impacta en forma negativa sobre la población. Los vecinos, aún con limitaciones económicas y ante una amenaza directa a su salud, deben recurrir a una presentación judicial para que se garantice y proteja su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. Las infracciones a la ley 11.273 de fitosanitarios son moneda corriente en el ámbito de la provincia de Santa Fe.
La falta de delimitación de la línea agronómica se demora tanto por ineficiencia gubernamental del organismo de control como por las autoridades comunales que privilegian la producción y la contaminación antes que la salud de las personas. Ante esta situación de desprotección, es la sociedad civil la que debe accionar sobre las autoridades.
Los recurrentes casos aún no resueltos, entre los que se cuenta el paradigmático de Las Petacas (localidad que está a 35 kilómetros al oeste de San Jorge), tendrán como antecedente el recurso legal presentado por las 23 familias sanjorgenses. La situación se repite en otro barrios de la ciudad, y en las localidades vecinas. Al oeste de San Jorge está el barrio Plan Federal compuesto por 72 casas. Calle mediante hay una plantación de soja totalmente limpia, lo que indica que los fitosanitarios se aplican regularmente.
Denuncia anterior.
El caso fue anteriormente denunciado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia e incluye además todos los problemas ambientales que afectan a San Jorge y aún, a pesar de la reciente creación de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, no fueron resueltos. El escrito revela las situaciones ambientales más agobiantes que afecta a la población desde hace muchos años. Detalla que dañan intensamente el medio ambiente y a sus habitantes en su salud física y espiritual y afectan profundamente la calidad de vida. Invoca además la lesión a los derechos consagrados en la Carta Magna y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Luis Emilio Blanco
http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2009/03/18/noticia_0011.html
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=20459
El recurso presentado en la tarde del lunes último tiene la finalidad de evitar que los vecinos que viven en cercanías del límite urbano norte con la zona rural (barrio Urquiza), sufran las graves consecuencias de la aspersión de agroquímicos que se realizan sobre los sembrados de soja aledaños a sus viviendas. Tendrá validez hasta tanto el municipio y el Concejo aprueben una norma que delimite la línea agronómica. La medida cautelar presentada en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, a cargo de Tristán Régulo Martínez, rige contra la labor desarrollada por dos propietarios de campos sojeros y se notificó además a contratistas, fumigadores, al municipio y al Ministerio de Salud provincial.El fin inmediato es lograr el cese de la aplicación de fitosanitarios que según la evidencia científica aportada por los vecinos "tienen consecuencias severas para la salud de sus hijos".
El recurso fija un límite de 800 metros desde la zona urbana, en los que prohíbe todo tipo de aplicación de agroquímicos por métodos terrestres y de 1.500 metros para aspersiones aéreas.
En 2007 y ante una presentación del Cepronat, la Defensoría del Pueblo de la provincia, mediante la resolución Nº 55 y ante el avance incontenible de la frontera agropecuaria, aconsejó al gobernador y a la Dirección de Sanidad Vegetal delimitar —con urgencia— la línea agronómica prevista por ley en todas las localidades de la provincia. Demora. Esta situación se demoró pese al tiempo transcurrido e impacta en forma negativa sobre la población. Los vecinos, aún con limitaciones económicas y ante una amenaza directa a su salud, deben recurrir a una presentación judicial para que se garantice y proteja su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. Las infracciones a la ley 11.273 de fitosanitarios son moneda corriente en el ámbito de la provincia de Santa Fe.
La falta de delimitación de la línea agronómica se demora tanto por ineficiencia gubernamental del organismo de control como por las autoridades comunales que privilegian la producción y la contaminación antes que la salud de las personas. Ante esta situación de desprotección, es la sociedad civil la que debe accionar sobre las autoridades.
Los recurrentes casos aún no resueltos, entre los que se cuenta el paradigmático de Las Petacas (localidad que está a 35 kilómetros al oeste de San Jorge), tendrán como antecedente el recurso legal presentado por las 23 familias sanjorgenses. La situación se repite en otro barrios de la ciudad, y en las localidades vecinas. Al oeste de San Jorge está el barrio Plan Federal compuesto por 72 casas. Calle mediante hay una plantación de soja totalmente limpia, lo que indica que los fitosanitarios se aplican regularmente.
Denuncia anterior.
El caso fue anteriormente denunciado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia e incluye además todos los problemas ambientales que afectan a San Jorge y aún, a pesar de la reciente creación de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, no fueron resueltos. El escrito revela las situaciones ambientales más agobiantes que afecta a la población desde hace muchos años. Detalla que dañan intensamente el medio ambiente y a sus habitantes en su salud física y espiritual y afectan profundamente la calidad de vida. Invoca además la lesión a los derechos consagrados en la Carta Magna y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Luis Emilio Blanco
http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2009/03/18/noticia_0011.html
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=20459
1 comentario:
http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2009/03/19/noticia_0016.html
A parar las orejas. Estamos por el buen camino para terminar con este abuso.
Convocarán a un plenario provincial de los afectados por los agroquímicos
Las 75 casas que están cerca a los sembrados viven un drama diario.
San Jorge.— El amparo judicial solicitado por los vecinos de barrios linderos con la zona rural de esta ciudad y aprobado por el titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, desencadenó una ola de adhesiones en organizaciones ambientalistas que luchan por la concientización sobre el uso racional de agrotóxicos. El caso, que fue reflejado en innumerables medios regionales y nacionales, marcó un antes y un después debido a que la resolución judicial sentará un precedente para los casos que —según anticipan los ambientalistas— "desatará un efecto cascada en gran cantidad de poblaciones comprendidas en la pampa sojera argentina".
Al mismo tiempo encendió una luz de alerta sobre los problemas que acarrea el uso indiscriminado de plaguicidas que, desde hace años, los ecologistas y afectados denuncian sin lograr soluciones de fondo. Además motoriza y renueva las energías de quienes trabajan en el tema hace tiempo preocupados por la salud de la población.
En ese sentido, el edil sanjorgense Esteban Roglich se propuso organizar un plenario provincial en el que confluyan autoridades comunales y provinciales, ambientalistas y vecinos afectados por la problemática "de todos los rincones de la provincia, para aunar criterios e iniciar un reclamo consolidado que incluya la modificación a la legislación vigente en la materia (ley de fitosanitarios 11.273)".
El edil remarcó que "se pedirá que se fijen y unifiquen criterios para regular distancias de exclusión de aspersión de químicos, que se revea la categorización de los productos usados, que se sistematicen los controles y que la legislación se oriente a priorizar la salud de la gente por sobre intereses económicos".
Recordó que comenzó a expresar oficialmente su posición en 2001, cuando presentó la primera norma para reglamentar la aplicación de fitosanitarios.
"Esa presentación no se aprobó, en 2004 elevamos una minuta de comunicación, donde denunciamos que se estaba fumigando en áreas pobladas con consecuencias serias para los vecinos. En octubre de 2008 habitantes de barrio Urquiza y La Loma (al norte de la ciudad) reclamaron ante el Concejo por las complicaciones que empezaron a padecer. Se fumigó con condiciones adversas que hicieron que el viento, de 35 kilómetros por hora y dirección norte, llevara hasta sus casas el veneno con el cual se trataba una plantación cercana", dijo el edil.
Roglich dijo que con las acciones de apoyo a vecinos "no se pretende ser alarmistas sino que se busca concientizar sobre la nocividad de los productos fitosanitarios para lograr que se fumigue con responsabilidad y donde corresponde. No estamos contra la soja, pero sí en contra de que las cosas no se hagan como corresponde", y renovó su invitación al plenario provincial cuya fecha y lugar aún no se determinó. Quienes deseen ir deberán comunicarse al teléfono 03406 442970 o por mail a estebanroglich@hotmail.com.
Testimonios. Quizás el caso más simbólico de lo que ocurre en barrio Urquiza y La Loma sea el de Viviana Peralta (32 años), mamá de Aylén de 20 meses y de otros cinco niños, quienes viven en el límite norte de la ciudad.
"Cuando mi bebé se enfermó en octubre de 2008, el neumonólogo me recomendó que cada vez que fumigaran nos fuéramos de casa. No podemos hacer eso, ellos son quienes no cumplen las reglas", dijo con serenidad. "Al día siguiente fuimos al municipio a quejarnos y no nos atendieron", agregó. Mientras la niña empezó a tener problemas respiratorios. Días después "volvieron a fumigar pese al viento norte. Les pedí que se detuvieran pero no me hicieron caso".
A horas, la beba debió ser atendida en el hospital, le suministraron corticoides y oxígeno. En el centro de salud no quisieron certificar que el problema se debió a la fumigación.Los problemas persistieron y la madre decidió consultar con un neumonólogo, quien le dijo que "en un ciento por ciento el problema era por la fumigación, pero que era imposible comprobarlo".
Patricia Junco, de 34 años, mamá de Alexis de 17 y de otros cuatro niños, contó que "al principio no nos dimos cuenta de que los problemas de salud de mi hijo tenían relación con las fumigaciones, hasta que notamos que cada vez que aplicaban químicos se enfermaba y que sus alergias se agravaban. El doctor dijo que la fumigación lo afectaba. Los dueños de campos deben hacer las cosas como corresponde. No estamos en su contra, sólo pedimos que sean conscientes y cumplan la ley. Deseamos que sepan que lo que manejan es veneno para todos, aun para ellos".
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