Unas 30 urbanizaciones pidieron la factibilidad a Medio Ambiente,
que ve con ceño fruncido algunas falencias y hay sanciones en proceso.
“No importa que sean obras caras, las tendrán que hacer”, dijo Mackler
Fuente: punto biz
que ve con ceño fruncido algunas falencias y hay sanciones en proceso.
“No importa que sean obras caras, las tendrán que hacer”, dijo Mackler
Fuente: punto biz
Al desarrollador de un negocio inmobiliario a 30 kilómetros de Rosario, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe le pidió un estudio sobre cómo impactará el aumento del tránsito de vehículos en las rutas cuándo su loteo de 80 hectáreas esté a pleno.
“Es lo que exige la ley. Y hay universidades que hacen este tipo de estudios. Es cierto que son caros y los loteadores deberán resignar ingresos, pero tienen buenos márgenes y deberán pagar esos estudios si quieren la aprobación”, enfatiza el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Máckler.
En los últimos meses llegaron a la cartera unos 30 pedidos de factibilidad ambiental de desarrollos inmobiliarios, en su gran mayoría en zonas antes rurales del sur de Santa Fe. Y las señales que bajan son claras: deberán ajustarse plenamente a las normas.
En líneas generales, el trámite que realizan los desarrolladores arranca con la gestión a los municipios y comunas por el “uso conforme” de la tierra. Una vez obtenido, van por la factibilidad a Medio Ambiente, que les exige -entre otras cosas- agua potable y cloacas. Recién lograda esa aprobación, pueden obtener la habilitación final.
Como los trámites municipales llevan su tiempo, están llegando ahora a manos de Mackler buena parte de los desarrollos urbanos que se largaron el año pasado. “Influyó también que, luego de los casos polémicos de Funes, la Defensoría del Pueblo se puso firme”, señaló.
“No es cuestión de largarse a vender lotes de un campo y levantar barrios donde antes había soja sin planificación urbana y construir servicios básicos, que si no se los exigimos ahora a los desarrolladores en el futuro se tendrán que hacer cargo todos los contribuyentes”, resaltó Mackler.
El funcionario señaló que, si bien hay de todo, son amplia mayoría los desarrollos urbanos que tienen falencias que impiden la aprobación y por eso les están exigiendo obras para reducir el impacto ambiental.
“En mi opinión, los municipios y comunas no deberían dejar empezar a hacer obras sin haberse aprobado el estudio nuestro. Pero hay casos en que sí los están dejando. Es un gran riesgo. Es más, hasta el comprador de esos lotes está haciendo una operación comercial de riesgo porque puede darse el caso de que la factibilidad se demore mucho tiempo hasta que la urbanización esté aprobada. Eso lo tiene que tener en cuenta cuándo planifica cuándo quiere irse a vivir”, resaltó el secretario.
Es más, según contó, la secretaría inició el trámite de sanción para “dos o tres” desarrollos que, pese a las advertencias, no acomodaron sus obras a las exigencias de la ley, sanción debe salir ahora por resolución.
Uno de los temas que Mackler pone en agenda es el de los accesos viales. “Es como los puertos. Uno sólo no es problema, pero si juntas varios colapsan los accesos. No puede ser que el tramo de Rosario Roldán de la autopista a Córdoba se esté convirtiendo en una avenida urbana por la proliferación de loteos, con el consecuente riesgo que eso conlleva en materia de seguridad vial”, resaltó. También citó que está ocurriendo lo mismo con la autopista a Santa Fe.
Es más, comentó que le están pidiendo a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) que se expida sobre los loteos cercanos al aeropuerto de Rosario. “Hay que hacer las cosas como exige la ley para que evitar que en el futuro haya problemas y casos traumáticos”, insistió.
Las relaciones entre empresas y gobierno son por ahora cordiales. Los desarrolladores saben que tienen que adecuarse a la ley, pero por lo bajo le hicieron llegar a punto biz signos de preocupación porque sostienen que, como hay temas -dicen- son de interpretación amplia, temen que se les termine exigiendo más de la cuenta alterando la ecuación económica de sus negocios inmobiliarios.
Por caso, esa preocupación es mayor en Funes, donde la intendenta electa, Mónica Tomei, fue quien, siendo concejal, aventó duras críticas por la falta de estudios ambientales a buena parte de los desarrollos de esa ciudad.
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