Por Carlos Reymundo Roberts
De la Redacción de LA NACION
Alguien tiene que hablar con ellos. Alguien tiene que plantarse frente a los Kirchner y recordarles que esto es una república. No es Santa Cruz, no es un sultanato, no es (no debería ser) tierra de mandamases sabiondos y pendencieros. Alguien tiene que decirles a los Kirchner que las necesidades de caja no se resuelven a fuerza de saqueo, revestido, para peor, con ropaje ideológico de ocasión.
Da miedo: lo de las AFJP se va pareciendo cada vez más al conflicto con el campo. La secuencia es igual. A la urgencia del Gobierno para hacerse de dinero -de mucho dinero, de dinero rápido, fácil- le sigue una confiscación brutal, apresurada e inconsulta, resuelta, probablemente, en la mitad de la alcoba de Olivos. La otra mitad lo justificará después con un florido relato.
La lógica recaudatoria también es la misma: ¿dónde hay mucha plata? ¿Dónde se puede hurgar sin que protesten? Antes el blanco fue la "oligarquía terrateniente". Ahora, empresas capitalistas salvajes que hambrean a los jubilados. Antes, el objetivo era hacer escuelas, hospitales y caminos. Hoy, poner comida en la mesa de los viejitos. No se puede más que aplaudir?
El problema es que cada vez hay menos aplausos, y también en eso la cosa va tomando color de Resolución 125. No hay aplausos en la propia comarca de los Kirchner, donde algunos de los más altos funcionarios, incluidísimos los que tienen que ver directamente con el tema, se enteraron de la medida tarde y mal. Y muchos de ellos corrieron detrás de periodistas para aclarar que no tenían nada que ver "con eso".
La cohorte kirchnerista no pasará a la posteridad como una generación rutilante, pero seguramente allí debe de haber gente que tenga algo para decir. El proceso de toma de decisiones de esta Casa Rosada está tan concentrado que convierte a los que deberían ser primeras espadas en soldaditos de juguete, presenciadores de actos, extras de un espectáculo en el que nunca serán protagonistas.
Entre esa cohorte hay personas convencidas de que Kirchner es un genio. Otras están convencidas de algo muy distinto. Unos y otros asisten a una trama trepidante, en la que no saben con qué los sorprenderá el jefe cada día. Los que lo idolatran esperan esos pases de magia ?"siempre tiene una nueva carta", dicen?, esa capacidad para desafiar corporaciones, sectores, mercados, leyes, países. A los otros, la prestidigitación los hace temblar.
Por estas horas, el jefe y la jefa han vuelto a apostar fuerte. Se llevaron una monstruosidad de dinero privado para las arcas públicas, y la primera reacción general (todo se mide en votos en estos tiempos) pareció demostrar que la magia había funcionado: la indignación inicial de las AFJP y de sus afiliados fue un juego de niños en la piel acerada del matrimonio. Todo estaba saliendo según lo pensado: finalmente, ¿en qué lugar del mundo hay una protesta de futuros jubilados?
Después, las cosas empezaron a complicarse. Tronaron de terror los mercados, se despabilaron las empresas, se conmovió España, reaccionó el ciudadano común y se asustaron los legisladores oficialistas, a los que otra vez se les ordena que voten a libro cerrado.
¿Qué hará el matrimonio? Los truenos también llegaron a Olivos, pero ya se sabe: él es hombre de mil batallas. Allí estará, barruntando su próxima movida. Alguien debería hablarle. Alguien debería decirle que esto es serio. Quizás, otra vez, la que hable sea la gente.
¿Quién cree en la palabra oficial?
Por Alejandro Carrió
Para LA NACION
Para LA NACION
Durante la campaña para las elecciones presidenciales ganadas finalmente por John F. Kennedy en los Estados Unidos, sectores demócratas habían ideado un eslogan tendiente a desacreditar al candidato republicano, Richard Nixon: "¿Le compraría Ud. un auto usado a este hombre?". Se trataba, claro está, de un intento de atacar su credibilidad.
En estos días, el país asiste a un intenso debate producto de la última iniciativa del Gobierno, por la que se busca "estatizar" los fondos de las jubilaciones y pensiones. Hace no mucho las autoridades gubernamentales dieron a los ciudadanos la opción, y un gran número de ellos prefirió el sistema privado al estatal. Con lo cual, no estaría mal que fueron esos mismos habitantes quienes tomaran una decisión de tanta trascendencia para su futuro.
Pero con independencia de la legalidad de una medida de esta naturaleza, creo que el mayor problema que la iniciativa oficial enfrenta es que probablemente una buena cantidad de ciudadanos están autorizados a desconfiar. ¿Los gobernantes no usarán ese dinero en gastos propios de la política, o bien en satisfacer necesidades de corto de plazo, o en el pago de la deuda pública? Están autorizados a temer que se les dé un destino que no es exactamente el resguardo de esos fondos para cuando el jubilado los necesite.
Es cierto que nuestras autoridades planean dotar al régimen de algún tipo de declaración en el sentido de que el Estado "garantiza" la intangibilidad de esos fondos. El problema es que los argentinos, a lo largo de los años, nos hemos acostumbrado al escaso, cuando directamente nulo, efecto de este tipo de declaraciones. Muy pocos meses antes de la instalación del corralito y de la sanción del régimen de pesificación de comienzos de 2002, el Congreso había dictado la ley 25.466, de intangibilidad de depósitos bancarios. Allí se había declarado: "El "Estado en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras". Todos sabemos qué sucedió después.
Es también muy difícil mantener la fe en lo que nuestros gobernantes afirman cuando nunca se ofrecieron explicaciones claras sobre el destino de los fondos públicos remitidos al exterior durante los años 90 por la Provincia de Santa Cruz. Existen numerosas investigaciones penales sobre variados casos de alegado mal uso de dineros públicos.
Cada tanto, algún funcionario aparece por la televisión dando explicaciones sobre episodios tales como el de la valija de Antonini Wilson, la credibilidad del Indec, o la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La pregunta que deberían ellos hacerse es cuánta credibilidad sus dichos despiertan. Realmente no me sorprendería que si en ese momento algún medio pusiera al aire una encuesta al estilo de "¿Ud. le cree a este funcionario?", cosecharía de manera inmediata unas cuantas respuestas negativas.
El problema más serio que, en mi opinión, enfrentan hoy en día nuestros gobernantes es el de su escasa credibilidad. Aunque es posible que el equivocado sea yo, y que sean muchos aquellos dispuestos, de todas maneras, a comprarles un auto usado.
El autor es abogado. Es presidente de la Asociación por los Derechos Civiles de la República Argentina.
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