El Gobierno culpa a desarrolladores por problemas en la escrituración de loteos

Urbanizaciones del Gran Rosario bajo la lupa.
El secretario de Hábitat negó que haya nuevas exigencias y denunció
que los loteos salen a la venta antes de tener factibilidad ambiental.
Habrá clausuras.

Autor: Mariano Galíndez
Fuente: Punto Biz

El secretario de Hábitat, Gustavo Leone, salió ayer a responsabilizar a los desarrolladores inmobiliarios por las dificultades a la hora de escriturar los lotes que vendieron a inversores, sobre todo en los emplazamientos urbanos que se están montando en el Gran Rosario.

“Lo que ocurre es que los desarrolladores compran un terreno de grandes dimensiones en las afueras de Rosario, se interiorizan con la Municipalidad sobre la normativa comunal que deben cumplir para la habilitación y se largan a comercializar los lotes”, relata el funcionario.

“Pero el tema es que antes de salir a vender tendrían que lograr la factibilidad de Medio Ambiente de la Provincia. Entonces, cuando los inversores quieren ir a escriturar se encuentran con que no pueden cumplir con el trámite porque la documentación está incompleta por responsabilidad exclusiva de los desarrolladores”, completa Leone.

Con la creación de la Secretaría de Hábitat, la preparación de una ley de Tierras y mayor cuidado en la otorgación de factibilidades ambientales, el Gobierno de Antonio Bonfatti dice estar buscando ordenar el fuerte crecimiento de urbanizaciones en las afueras de las grandes ciudades de la provincia. A todo esto, empezó a tomar temperatura la calentura de los inversores que compraron lotes en diversos desarrollos de la zona de Roldán y Funes y que ahora no pueden escriturar sus flamantes tierras. En cambio, para los desarrolladores, el Gobierno provincial les está cambiando las reglas de juego con nuevas exigencias que no les permiten cerrar los trámites.

Pero distinta es la versión de Leone. “No es así. Las normas existen. Son las que se utilizaron históricamente para habilitar los grandes emprendimientos industriales y que desde siempre alcanzaban a los desarrollos urbanos, pero la diferencia es que éstos recién empezaron a construirse en los últimos tiempos”, resalta.

En rigor, normativas específicas se sancionaron en la administración de Carlos Reutemann y hasta se avanzó en un decreto en la Gobernación de Jorge Obeid. En 2010, incluso, se dictó otro decreto.

“La normativa está y el desarrollador la conoce. El tema es que se hacen los distraídos. Hay emprendimientos importantes en el sur de Rosario que en estos días se están comercializando y que, aviso, no iniciaron los trámites provinciales”, disparó.

En definitiva, la visión oficial es que las adminstraciones justicialistas no ejercían el poder de policía, escenario que cambió con el socialismo y la llegada a Medio Ambiente del secretario César Mackler.

“Dicen que hay un cambio de reglas de juego, pero no es cierto. Tienen que hacer las cosas bien”, insiste Leone, quien recuerda el reciente caso de dos loteos en Roldán que estuvieron suspendidos por más de 60 días hasta que presentaron la documentación y obtuvieron la factibilidad medioambiental.

“Estaban acostumbrados a manejarse sólo con los intendentes. Y así no es la historia”, agrega el funcionario, quien avisa que “habrá más inspecciones” a los emplazamientos, y anticipó que “los inversores no podrán escriturar hasta que los desarrollos tengan la factibilidad aprobada porque la documentación no está completa”.

En rigor, el problema de las factibilidades ambientales es de peso. De muchos pesos. Es que además de analizar el estado de los suelos para evitar inundaciones, Medio Ambiente también establece directivas claras en la inversión en infraestructura necesaria para la prestación de servicios clave como cloacas, agua y energía. Todo eso cuesta, y mucho. Y si el desarrollador lo incluye de una en el precio de lote, los llamados lotes baratos dejarán de serlo. Una vez adentro, al inversor no le queda otra que -además de protestar- pagar más de lo previsto inicialmente.

En definitiva, la pelea de fondo es cómo se reparte el esfuerzo económico de las nuevas urbanizaciones. El Gobierno provincial, por definición (y también por carencia, ya que las cuentas están en rojo), quiere que llevar el abastecimiento de luz, agua y cloacas surja del bolsillo de los desarrolladores (y por ende en los inversores); y por eso -ante el problema que supone en el futuro el reclamo de vecinos de las nuevas zonas por servicios básicos- se ataja poniéndose exigente con los desarrolladores inmobiliarios.

“Con esta conducta se alientan maniobras especulativas”, se quejó Leone, quien insistió que “la Provincia tiene la responsabilidad de ordenar las urbanizaciones porque se tratan de barrios enteros a los que hay que planificarlos íntegramente”.

Finalmente, para el secretario de Hábitat el foco de los inconvenientes está en las afueras de Rosario, aunque también hay desarrollos con documentación incompleta en Rafaela y Santa Fe.