Los plaguicidas se usan indiscriminadamente en muchos campos cercanos a zonas urbanas y suburbanas contaminando a las personas que viven en esos lugares.
Las organizaciones de la Agenda Socioambiental de la provincia entregaron ayer una carta al gobernador Hermes Binner para “exigirle que instrumente, con carácter urgente, las medidas institucionales para el inmediato cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios Nº 11.273”.“Conociendo su compromiso con la salud pública, consideramos inaceptables las condiciones de insalubridad ambiental a la que los/las santafesinos/as estamos expuestos/as a causa de las fumigaciones aéreas y terrestres”, argumentaron.
Luego le recordaron: “En agosto de 2007 advertíamos que «la apuesta por los cultivos transgénicos clausura el camino para que se desarrolle otro tipo de producciones, más amigables con la naturaleza (…), nos referimos particularmente al monocultivo de soja transgénica, a las fumigaciones indiscriminadas sobre las poblaciones rurales y urbanas y al complejo productivo y científico asociado a ese modelo». El escenario que fue descripto en ese momento no se modificó, por el contrario, son cada vez más recurrentes los reclamos de las comunidades por las fumigaciones indiscriminadas que afectan la salud de los vecinos, contaminan los cursos de agua e inutilizan los suelos.
“La aplicación de la Ley Nº 11.273 –continúa– sigue siendo el mecanismo que debería controlar y limitar las fumigaciones en las zonas aledañas al asentamiento de las poblaciones. No obstante, el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general caracterizó a la Dirección Provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, generó una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas, cercenando explícitamente el derecho ciudadano a una vida digna y saludable”.
La misiva dice que “sin lugar a dudas la ley Nº 11.273 requiere de modificaciones promovidas por una discusión democrática que convoque a la totalidad de los sectores involucrados, para que realmente no se ponga en riesgo la salud de los santafesinos y se garantice el derecho de producir alimentos sanos a quienes opten por este tipo de prácticas que prescinden del uso de agrotóxicos. En tanto eso suceda, es de vital importancia que el Estado no permanezca paralizado, negando lo que sucede cotidianamente. Debe establecer, y rápidamente, los mecanismos necesarios para lograr la efectiva puesta en marcha de la ley en vigencia”.
“La gestión provincial debe garantizar el cumplimento de las leyes que protegen a la ciudadanía, limitando los impactos negativos de la producción agroindustrial y promoviendo políticas públicas que reivindiquen, por fin, el derecho de todos y todas a vivir en armonía con el ambiente”, concluye la carta.
El Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat) es una de las instituciones que más viene trabajando en los últimos años contra las fumigaciones indiscriminadas de los campos de soja que lindan con los centros urbanos del interior de la provincia.
Esa institución fue una de las que firmó la carta que se le entregó al gobernador para que tome cartas en el asunto y haga cumplir la ley provincial de fitosanitarios.
En diálogo con Diario UNO el presidente del Cepronat, Carlos Manessi, aclaró que “la Agenda Socioambiental de la provincia de Santa Fe es un colectivo de organizaciones ambientales y no ambientales que se preocupan por esa temática que ya tiene dos años de vida”.
“Cuando asume Hermes Binner le presentamos nuestra agenda y estuvimos charlando todo lo referente al campo. Ahora, pasó un año y medio, y no vemos que desde el gobierno tengan una actitud y una política clara en el tema que nos preocupa a todos, como son las fumigaciones”, aseveró.
El ambientalista agregó: “Decidimos elevar esa nota y hacerla pública porque, fundamentalmente, en el Ministerio de la Producción no tenemos recepción con este tema”.
“La ley de fitosanitarios 11.273 –continuó– está vigente y nosotros lo que decimos es que hay que comenzar por aplicar la norma vigente. Mientras tanto, hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para modificarla. La ley dice que no se puede fumigar con mosquitos a menos de 500 metros de los centros urbanos y, a menos de 3.000 metros, con aviones. Por eso, el pedido a Binner es que se cumpla la ley e intervenga ante el Ministerio de la Producción”.
—¿Cuáles son las dificultades que aduce la provincia para no hacer cumplir la ley?
—Hay varias cosas. Por un lado, la falta de personal y de actitud de los inspectores que son afectos al modelo vigente. Otro problema es que la ley no es muy clara respecto de quién es el que tiene que hacerla cumplir. Desde la provincia se dice que los municipios y las comunas son autónomas y desde la Secretaría de Regiones Municipios y Comunas no se hizo nada por inducirlos, aconsejarlos y transmitirles las preocupaciones de las comunidades. Es un problema muy complejo. “Lo que esperamos es que se pongan a cumplir la ley. No importa si nos recibe o no. Sería muy importante para los pueblos del interior que el gobierno haga cumplir la ley”, solicitó.
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