La Dirección de Catastro detectó irregularidades en 174 propiedades de barrios privados. Tienen casas de 250 mil dólares, con lagos artificiales, canchas de golf y tenis, pero no declararon 60 millones de pesos de impuesto inmobiliario. La Provincia calcula que hay 200 mil metros cuadrados sin valuarse.
Germán De Los Santos
Diario Critica Digital - Edición Santa Fe
John Hanke nunca imaginó que su creación, el Google Earth, serviría para que en el sur de la provincia de Santa Fe un grupo de inspectores de la Dirección de Catastro buceara en los 40 barrios cerrados y countries que se construyeron en los últimos 10 años en la zona, y detectara que 174 propiedades no fueron declaradas. Los dueños de esas casas de estilo –cuyo valor supera los 250 mil dólares cada una–, que eligieron vivir rodeados de ligustros y guardias de seguridad, sumaron una evasión tributaria de 60 millones de pesos.Construir una casa en un country de Rosario, Oliveros, Roldán, Funes, Ibarlucea o Pueblo Esther –donde se asentaron desde fines de los ‘90 este tipo de predios– cuesta entre 200 y 250 mil dólares, sin contar el valor terreno, que puede sumar a ese monto 80 mil o 100 mil dólares. “El costo del metro cuadrado ronda entre los 800 y 1.000 pesos, incluyendo en el precio final materiales de buena calidad”, calculó Marcelo Wade, uno de los arquitectos más buscados para construir.
A excepción de Kentucky Club de Campo, que empezó a construirse en 1995, el resto de los countries comenzó a tomar forma a principios de 2000 y, tras la reactivación de la economía, se transformó en un negocio formidable, bajo el modelo de fideicomiso, en el que recaló parte del excedente sojero. Así, en el sur santafesino se construyeron en pocos años unos 40 barrios cerrados y clubes de campo, con niveles de confort similares a los de Pilar y Benavides, con canchas de golf, fútbol y tenis, lagos, piletas y bulevares. Pablo Barese, de la Secretaría de Planeamiento, calculó que en los tres countries que hay en Rosario viven unas 500 familias.
Pero el rápido crecimiento de estos barrios privados generó algunas “lagunas” en la mayoría de los propietarios, que “se olvidaron” de declarar esas viviendas, por lo que evadieron el pago del impuesto inmobiliario, ya que hasta ahora esas casas no existían para el Estado santafesino. Según informó Daniel Sartorio, administrador regional del Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT), “en base a más de 500 inspecciones que se realizaron en Rosario y en localidades cercanas, la proyección es que se detectarán 700 propiedades que no fueron valuadas”. Por ahora, se contabilizaron 174 viviendas que no existían en los registros provinciales. “La expectativa es sumar 200 mil metros cuadrados que no fueron declarados”, apuntó el funcionario de Catastro.
16 años sin control. La tarea de fiscalizar este tipo de propiedades no es sencilla, ya que la última valuación masiva que se hizo en la provincia con imágenes satelitales data de 1994. El año próximo está previsto que, después de 16 años, se obtengan fotografías satelitales de todo el territorio. Mientras tanto, los empleados de Catastro tuvieron que apelar a la tecnología que está en manos de cualquier vecino para controlar si las nuevas construcciones fueron o no declaradas. Con el Google Earth –que obtiene imágenes de todo el mundo a través del QuickBird, un satélite lanzado al espacio en octubre de 2001– los inspectores de la Dirección de Catastro cotejaron la información y, si en los lugares “observados” detectaban diferencias superiores a los 50 metros cuadrados, ordenaban que se llevara adelante un operativo de fiscalización.
Por las buenas. Las inspecciones que se han realizado en todos los countries y barrios cerrados de la zona se hacen en tono “amigable”, según describen en Ingresos Públicos. “Este tipo de barrios tienen regímenes de construcción especiales. El titular del barrio cerrado tiene que hacer una visación previa de los planos. Entonces, la administración tiene todo el relevamiento de las obras que se construyen. Por eso visitamos a los titulares del fideicomiso, con una etapa previa de investigación en la que nosotros contamos con datos y sospechas de que alguien no declaró lo que debía. Sabemos también de quién es el terreno”, advirtió Horacio Palavecino, sub administrador provincial de Catastro. Después, sus agentes cotejan los datos que les suministra el administrador del fideicomiso con los que posee el Estado provincial. “Así sabemos si han declarado o no”, resumió el funcionario.
Teresa Beren, titular de Ingresos Públicos, reconoció que el objetivo de este tipo de operativos apunta a sumar nuevas valuaciones (no declaradas) al impuesto inmobiliario. Con las inspecciones en estas urbanizaciones, la valuación que sirve para calcular el inmobiliario se incrementó en más de 20 millones de pesos.
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