Por ahora son dos las empresas que podrían iniciar acciones legales hacia el Colegio de Arquitectos de Rosario y el de Agrimensores. Así lo confirmaron el asesor legal de Gilli Inmobiliaria y Juan Félix Rossetti, Administradora de Tierras del Oeste SRL. Ambos coincidieron en que les resulta extraño este dictamen y sus conclusiones pero además reafirman que sendas firmas tienen todo en regla.Este domingo se publicó en algunos medios gráficos de la ciudad una solicitada que hacía mención a la empresa que lleva adelante los proyectos inmobiliarios Funes Town y Funes City. Allí se hacen algunas aclaraciones de esta situación que se desató la semana pasada luego que los Colegios de profesionales dieran a conocer supuestas irregularidades en desarrollos de la vecina ciudad.
No faltó tiempo para que comiencen las respuestas y los entredichos. Por eso ON24 ahora consultó a uno de los involucrados en esta denuncia pública. Para ello, el abogado Marco Bertossi, asesor legal de Gilli Inmobiliaria no quiso confirmar nada pero sí adelantó que están “analizando los pasos a seguir”. Al preguntar si podrían llegar a concretarse acciones legales, respondió: “Es muy probable”.
Así todo expresó que no quieren tomar una “decisión apresurada” y antes saldrán a contestar en público sobre el dictamen (con la publicación de la solicitada). “Analizamos la responsabilidad que les cabe a cada uno de los actores (Colegio de Arquitectos de Rosario y de Agrimensores). En su momento se tomarán las acciones que consideramos pertinentes”, manifestó Bertossi.
Por su parte, Juan Félix Rosetti, responsable de los emprendimientos inmobiliarios Funes Hills y Kentucky, dialogó con ON24 y comentó sobre el tema: “El dictamen me parece una irresponsabilidad y me sorprende que el Colegio de Arquitectos se preste a este tipo de maniobras que, desde mi punto de vista, es una conjunción de interese políticos personales, de profesionales vinculados a la zona de Funes y también ideológicos”.
En relación al dictamen, sugirió que “si tienen algo que denunciar tendrían que hacerlo ante la justicia”, si es que existiera irregularidad o ilegalidad alguna. “He leído planteos incoherentes y contradictorios en algunos casos –aseguró Rosetti-. Que la gente (por los desarrolladores) tenga que hacer primero todo el emprendimiento y después venderlo una vez que esté terminado es imposible. Es como hacer un edificio en Rosario y que no se pueda vender hasta que no esté finalizado”.
También agregó: “Llamaron a una conferencia de prensa para hacer una denuncia entre comillas, porque no me consta que haya intervenido ningún abogado. Con estas denuncias hacen daños irreparables a la credibilidad de Funes y la región, creo, por burócratas”.
Bertossi por su parte, sobre la presentación de este informe, dijo que les causa desagrado y remarcó: “Esto es una imputación falsa, los hechos que se denuncian no son reales. No se consultó a la Municipalidad de Funes ni a los desarrolladores. Es una denuncia inconsulta, imprudente e irresponsable”.
Ahora habrá que ver cómo responden desde el Colegio de Arquitectos y Agrimensores a estas declaraciones y también, en caso de que se concreten, a las acciones legales.
¿Qué dice la solicitada que se vio en los diarios de Rosario sobre uno de los loteos?
Esta es la solicitada que publicaron desde Grupo Lands S.A. y Gilli Inmobiliaria:
En relación al tendencioso y malintencionado “dictamen” puesto en público conocimiento por el COLEGIO DE ARQUITECTOS DISTRITO 2 y el COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA AGRIMENSURA DISTRITO SUR que hace referencia a supuestas irregularidades existentes en emprendimientos de urbanizaciones en la ciudad de Funes y dado que esta situación afecta el buen nombre y prestigio de la empresa GRUPO LANDS S.A., fiduciaria de FUNES CITY y FUNES TOWN como así también el de GILLI INMOBILIARIA en su condición de comercializadora, nos vemos en la obligación de formular las siguientes consideraciones a fin de llevar a los inversores, proveedores, público en general, y a quienes confían desde hace años en nuestro trabajo, la tranquilidad que merecen.
1. Ante todo, es dable destacar que el imprudente “dictamen” adolece de groseros errores jurídicos en la interpretación de la normativa aplicable. Ello es consecuencia esencialmente de que el análisis de la legislación y su cumplimiento -por parte de los empresarios desarrolladores- fue hecho por ingenieros y arquitectos que si bien pueden conocer las normas (como cualquier ciudadano) carecen de la formación jurídica técnica específica que lo habilita a esos fines.
Por lo demás, es grave que los profesionales que suscriben y publican el “dictamen” lo hagan en representación de las instituciones que presiden -Colegio de Arquitectos y Colegio de Profesionales de la Agrimensura- cuando el rol de estas organizaciones es la defensa de los intereses profesionales y sus incumbencias y no supuestos derechos ciudadanos que consideran hipotética e infundadamente afectables.
2. Sin perjuicio de lo expuesto, que simplemente se reseña para contextualizar el valor esas irresponsables consideraciones, negamos enfáticamente cada uno de los dichos manifestados que hacen referencia a irregularidades o ilegalidades. En efecto, los dos proyectos que nos ocupan cuentan con su correspondiente aprobación por parte de la Municipalidad de Funes. Además, las Ordenanzas 605/09 y 623/09, constituyen la primera normativa aplicable a los emprendimientos que nos ocupan y fueron dictadas conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades por el órgano competente a esos fines. Es cierto que esta norma contradice otras anteriores. Este es precisamente el proceso de formación y sanción de leyes que permite que la legislación se vaya adaptando a las necesidades de los tiempos actuales y en función al cual la norma posterior y especial deroga la anterior de carácter general que la contradice.
3. En los dos emprendimientos se vienen desarrollando sin pausa las obras de infraestructura comprometidas en los plazos habilitados por el gobierno Municipal de la localidad de Funes y en ambos se va a dar estricto cumplimiento a todos los requisitos legales locales, provinciales y nacionales.
4. Tanto el desarrollo de los proyectos, como su comercialización, se realizan con estricto apego a la legislación aplicable. Es falso que se hubiera iniciado la comercialización sin la propiedad del inmueble y sin la aprobación del proyecto correspondiente.
En definitiva, nos preocupa la situación creada porque genera inseguridad en quien no conoce y confunde al público cuando no asiste razón en los hechos ni en el derecho a que refiere. Como mínimo, el proceder de los COLEGIOS PROFESIONALES que suscriben el “dictamen” es irresponsable ya que sobre la base simplemente de lo que figura en las copias de la documentación que supuestamente les otorgó la Concejal MONICA TOMEI, sin haber consultado en la Municipalidad ni a los desarrolladores involucrados, utilizan a dos instituciones prestigiosas como son los COLEGIOS DE ARQUITECTOS y AGRIMENSORES para difundir una opinión que ni siquiera tiene que ver con su incumbencia. Nos resistimos a aceptar esta posición de mínima, y creemos que otros intereses que aún desconocemos motivan este accionar.
Estamos convencidos que esto no va a pasar del ruido y el malestar generado ante lo injusto e irresponsable de una falsa imputación. Nuestros inversores confían desde hace muchos años en nuestro trabajo y saben de la seriedad con la cual encaramos cada proyecto. Agradecemos a todos ellos el apoyo manifestado explícitamente en estos días y estamos a disposición para cualquier aclaración o ampliación del presente como siempre lo hemos estado.
GRUPO LANDS S.A. GILLI INMOBILIARIA
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