Empresarios ven una movida política detrás del cruce por los barrios abiertos

Polémica por los desarrollos inmobiliarios de Funes
Rossetti y Gilli hacen su descargo tras el dictamen que emitieron en conjunto el colegio de Arquitectos y de Agrimensores.

Fuente: punto biz

Luego de las denuncias del Colegio de Arquitectos y el de Agrimensores de Rosario, que señalan “irregularidades” en los barrios residenciales de Funes, algunos de los empresarios perjudicados que hasta el momento se habían quedado callados salieron a responderles a los profesionales.

Tal es el caso de Juan Carlos Rossetti, desarrollador de Cantegril y Funes Hills, y Federico Gilli, de la inmobiliaria que lleva su nombre y comercializa Funes Town y Funes City. Ante la consulta de punto biz, ambos rechazaron las acusaciones, aseguraron tener todo en regla y denunciaron una movida política, mediante la cual se estaría utilizando a ambas colegiaturas.

Mediante una solicitada, la inmobiliaria Gilli se refirió al dictamen como “imprudente” y señaló que “adolece de groseros errores jurídicos en la interpretación de la normativa”. Según la firma, eso se debe a que “fue hecho por ingenieros y arquitectos que carecen de la formación jurídica técnica específica que los habilita a esos fines”.

Además, Gilli afirma que es “grave” que los profesionales hayan suscripto al dictamen “en representación de las instituciones que presiden”, cuando el rol de éstas “es la defensa de los intereses profesionales y sus incumbencias y no supuestos derechos ciudadanos que consideran hipotética e infundadamente afectables”.

Pero la solicitada va aún más lejos y dispara que sobre la base de documentación que “supuestamente” les otorgó la concejala Mónica Tomei, los profesionales “utilizan dos instituciones prestigiosas como son los Colegios de Arquitectos y Agrimensores (sic) para difundir una opinión que ni siquiera tiene que ver con su incumbencia”. “Creemos que otros intereses que aún desconocemos motivan este accionar”, fueron tajantes desde la inmobiliaria.

Por su parte, Rossetti también deslizó la sospecha de una movida política. “Lo desestimé, no lo leí, porque lo hicieron los colegios y más que un informe es una disputa entre Tomei y (el intendente de Funes) Juvenal Rímini. Son cuestiones internas”, afirmó categóricamente.

El desarrollador aseguró que tiene sus dos emprendimientos inmobiliarios en regla. En este sentido, defendió a ambos de los cuestionamientos del dictamen, argumentando que las especificaciones que no se ajustaban en un principio a la norma fueron modificadas y aprobadas por la Municipalidad de Funes, sin “ninguna excepción”. “Es más, el municipio exigía calles de tierra y tendido eléctrico aéreo, y nosotros pavimentamos, hicimos la red de agua, y pusimos los cables soterrados”, dijo.

Los colegios rosarinos cuestionaban que para Funes Hill y Cantegril se establecieron lotes de 500 metros cuadrados, cuando debían ser de un mínimo de 1000 metros cuadrados. Según Rossetti, “hubo un cambio de zonificación aprobada por la Municipalidad”. Además, dijo que la etapabilidad en tres pasos fue también autorizada por las autoridades de Funes, tras tomar en consideración las dimensiones del proyecto.

En su comunicado, Gilli también negó “enfáticamente” las irregularidades denunciadas por los cuerpos de profesionales, alegando que las dos urbanizaciones que comercializan “cuentan con su correspondiente aprobación por parte de la Municipalidad de Funes”.

“En los dos emprendimientos se vienen desarrollando sin pausa las obras de infraestructura comprometidas en los plazos habilitados por el gobierno Municipal de la localidad de Funes y en ambos se va a dar estricto cumplimiento a todos los requisitos legales locales, provinciales y nacionales”, dice la solicitada, y agrega que “es falso que se hubiera iniciado la comercialización sin la propiedad del inmueble y sin la aprobación del proyecto correspondiente”.

Mientras la contienda entre empresarios, profesionales y políticos se agudiza, en este río revuelto se abren oportunidades para negocios afines en otras localidades del Gran Rosario. Ni bien se hicieron públicas las denuncias de los colegiados, la Casona de Roldán aprovechó la volteada para salir a “mostrarse” mediante un comunicado de prensa en el que salió a aclarar que “no tiene irregularidades”.

De hecho, la localidad contigua a Funes tiene todas las de ganar en este contexto. Es que al igual que el jardín de la provincia, en los últimos años Roldán avanzó en la concreción de varios proyectos de barrios residenciales. Incluso, las autoridades de esa localidad ya están barajando un relanzamiento para posicionar sus loteos y captar nuevas inversiones. Además, aseguran que cuentan con una reglamentación actualizada y adecuada para la situación.



La polémica llegó a la Legislatura


El diputado provincial del PPS Oscar Urruty elevó al gobierno provincial un pedido de informes para corroborar que se hayan realizado “los correspondientes estudios que garanticen la aptitud técnica-hidráulica de esos procesos de urbanización”.

Además, consulta “si las empresas prestadoras de servicios de la provincia han garantizado u otorgado viabilidad para la provisión de los mismos”; y “si se han concretado las correspondientes intervenciones a los fines de garantizar la calidad y evaluación de impacto ambiental”.

En el pedido de informe, Urruty y el diputado Luis Rubeo, que también acompaña la iniciativa, expresan que “en total contraposición con las disposiciones vigentes, estos predios estarían emplazados en una zona inundable y donde se realizan fumigaciones aéreas con fitosanitarios y careciendo, además, de infraestructura de agua y luz, cordones cunetas, espacios verdes y pavimento, todo esto indispensable a la hora de comercializar terrenos en zonas urbanas”.

El legislador del PPS considera que “claramente los emprendedores al ofertar las tierras en estas condiciones están transgrediendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Impacto Ambiental y el Plan Regulador del Municipio”.

“Esta oferta resulta entonces absolutamente inviable desde lo técnico y carece de garantías para los futuros pobladores quienes, tentados por la publicidad, caen en manos de un emprendimiento que a las claras prioriza los aspectos comerciales en detrimento de la salud y el medio ambiente. Todo esto agravado por la inacción del Municipio”, dispararon los diputados.