El municipio de Funes decidió avanzar en las negociaciones con los urbanizadores
a partir de la firma de acuerdos con cada empresa.
La UNR realizará un estudio de impacto vial y los desarrolladores tendrán que
hacerse cargo de las obras complementarias para readecuar las trazas.
Germán de los Santos | Edición impresa
Diario Cruz del Sur
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| Aguadas y La Cardera, en Funes, dos loteos que regularizaron su situación. |
En un intento por comenzar a ordenar los desequilibrios que provocaron los loteos sin ningún tipo de planificación integral en la periferia de Rosario, el municipio de Funes avanza en la firma de acuerdos con desarrolladores urbanísticos para lograr cierta armonización de la infraestructura indispensable en una nueva urbe, como son las conexiones viales, agua y cloacas.
La administración de la radical Mónica Tomei –quien en su campaña para suceder a Juvenal Rímini incursionó en los puntos poco claros del boom inmobiliario en la región– firmó los dos primeros convenios con Aguadas, de la desarrolladora Mor, y La Cardera de Funes, de la histórica familia funense Scoccia. A estos dos emprendimientos sólo les falta la aprobación del estudio de impacto vial, porque ya habían recibido factibilidad para la prestación de servicios de agua potable y cloacas, dos requisitos que exige Medio Ambiente de la provincia a la hora de otorgar el estudio de impacto ambiental, un paso indispensable para avanzar en Catastro con la mensura de los terrenos y así lograr la escrituración.
En el municipio de Funes preparan para los próximos 15 días cuatro nuevos acuerdos con Río, San Sebastián, Haras de Funes y Las Golondrinas, según advirtió a este medio el secretario de Gobierno Gonzalo Miranda Aguiar.
A estas empresas el municipio les entregó la “etiqueta de emprendimiento urbanístico responsable”, un sello dispuesto bajo decreto municipal, porque “han cumplimentado todos los pasos ambientales”.
El objetivo de este “sello de calidad” es que cuando un eventual cliente se interese por comprar un terreno ya sabrá de antemano que la urbanización está en regla y que tendrá garantizado todos los servicios públicos indispensables.
El gobierno provincial acompañó esta iniciativa de Funes con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente, que fue el organismo del Estado provincial que salió a advertir las irregularidades en la que se encuentra gran parte de los desarrollos inmobiliarios de la zona. “Aspiramos a que este tipo de acuerdos que se empezaron a firmar en Funes también se replique en otras localidades donde se han gestado este tipo de emprendimientos inmobiliarios”, sostuvo –en diálogo con Cruz del Sur– César Máckler, secretario de Medio Ambiente.
En 2010 se reglamentó en la provincia la ley que modifica las sanciones para aquellas empresas que violen la legislación que evalúa daños al medio ambiente, vigente desde 2003. A la par de esos cambios el gobierno provincial comenzó en 2011 a realizar con mayor frecuencia y más firmeza los controles para su cumplimiento. Según el área de Medio Ambiente, los desarrolladores inmobiliarios de la región deberían realizar el estudio de impacto ambiental previo al inicio de sus loteos, para que los mismos puedan ser evaluados por esa cartera. Y recién con la venia de la Secretaría podrían iniciar las urbanizaciones.
El auge de la venta de terrenos en Funes y Roldán a un precio bajo (entre 10 mil y 20 mil dólares) comparado con lo que cuesta una fracción de tierra en Rosario trajo aparejada una serie de contraindicaciones, que en los últimos meses quedaron a flor de piel, luego de que el gobierno provincial advirtiera que si los desarrolladores urbanísticos no realizan obras de infraestructura, como cloacas, accesos viales y caminos y redes eléctricas, no se autorizarán los permisos que se necesitan para que se realicen las escrituras, como, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, como establece la ley 11.717, aprobada en 1999.
El informe elaborado por los colegios de agrimensores y de arquitectos de Rosario –encargado por Tomei cuando era concejala– plantea la gravedad del problema. “Desde 2008 se verifica una explosión en la oferta de lotes en urbanizaciones abiertas como una forma de brindar una opción a sectores de menores recursos o a aquellos que no les agrada vivir encerrados en un barrio. Si bien la propuesta parecería ser beneficiosa en el marco antedicho, estos sectores de menores recursos están recibiendo terrenos en zonas con alta probabilidad de anegamientos, con menores servicios de infraestructura y a veces con extrañas figuras legales que reemplazan la tradicional operatoria de compra venta de lotes. La pasividad de las autoridades municipales resulta altamente preocupante”.
Estudio de impacto vialA la par de los acuerdos con los desarrolladores, en Funes el Instituto de Estudios de Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, realizará un estudio de impacto vial estratégico –de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Medio Ambiente provincial–. Este informe, que tendrá un costo de 225 mil pesos –y se realizará en un plazo de seis meses– apuntará a dimensionar el impacto que los emprendimientos inmobiliarios producirán en el sistema vial del entorno, “debiendo prever las acciones, obras y medidas correctivas”. En el documento, al que tuvo acceso Cruz del Sur, la Municipalidad deja en claro que las adecuaciones en la trama vial correrán por cuenta de los loteadores.
“Los problemas más graves los tenemos en los loteos más grandes, como son el de Funes City y el de Funes Town”, confirmó Miranda Aguiar. Los loteos más importantes de Funes fueron aprobados por el Concejo Deliberante el 9 de diciembre de 2009. Se avalaron estas urbanizaciones que totalizan 6.500 nuevos lotes. Estos nuevos emprendimientos, ubicados en la zona norte, más cercanos al límite con Ibarlucea, tuvieron el aval del cuerpo deliberativo, con la ayuda de las excepciones a la ordenanza 288, que estableció en 1985, cuando Funes era una comuna, un Plan Regulador. Según cálculos de la propia Intendencia, 90 por ciento de las urbanizaciones fueron aprobadas a partir de las excepciones a las leyes comunales.
Propietarios de Funes City comenzaron a reunirse durante las últimas semanas ante la incertidumbre que tienen por el escaso avance de las obras. “El fideicomiso se vence el 30 de junio y hay muchas obras que faltan que no realizó la empresa Gilli, a cargo de la urbanización”, sostuvo Ariel Censin, propietario de un terreno que conformó, a través de una red social, un grupo de autoconvocados.
“A menos de dos meses del cumplimiento del plazo por el cual deberían estar finalizadas las obras y comenzarse a entregar los lotes, el atraso de las obras es notorio. Las obras viales de apertura y trazado de calles aún no finalizaron. Las de luz y gas, que el desarrollador se comprometía a realizar, tampoco se iniciaron. Este emprendimiento urbanístico también contemplaba la construcción de un dispensario y una escuela. El centro asistencial brilla por su ausencia y la escuela es un edificio vacío sin actividad”, señaló Censin.
“Esta situación, sumada a la decisión de la Municipalidad de Funes y de la provincia de exigir, bajo la amenaza de no entregar los finales de obra correspondientes, los estudios de impacto ambiental, cloacas y agua corriente a los loteos, nos suma aún más incertidumbre a los que hemos confiado de buena fe en esta tipo de emprendimientos”, reseñó el damnificado.
